Nuevos requisitos en la videovigilancia
Es válido que su empresa controle a sus trabajadores con una cámara de videovigilancia. Pues bien, ¿sabe que la nueva normativa de protección de datos introduce novedades en esta materia?
Dato personal. Es probable que se haya planteado instalar cámaras de videovigilancia en su empresa. Por ejemplo, en los accesos y en algunas dependencias interiores. ¡Atención! Pues bien, como la imagen de una persona es un dato de carácter personal, la instalación de dichas cámaras debe cumplir algunos requisitos. Eso sí: ya no deberá inscribir ningún fichero con datos personales en la Agencia Española de Protección de Datos (como sí era obligatorio hasta ahora).
Requisitos que debe cumplir
Ubicación. Las cámaras no podrán obtener imágenes de espacios públicos, salvo que ello sea inevitable. Así, una cámara situada en la puerta principal no deberá tomar imágenes de toda la calle en la que se encuentre. Por tanto:
Oriéntelas de forma que sólo capten imágenes de su empresa.
Si esto no es posible, sólo deberán captar la parte imprescindible de la vía pública. Apunte. Por ejemplo, si ubica una cámara en la puerta de entrada o en la esquina de su edificio, deberá orientarla de modo que la parte de vía pública que recoja la cámara se limite al acceso vigilado. Es decir, no deberá captar imágenes del resto de la acera o de la calle.
Proporcionalidad. Además, la colocación de cámaras debe respetar el principio de proporcionalidad y el derecho a la intimidad. Apunte. Por tanto, no las coloque de forma que capten imágenes en zonas privadas (como en los vestuarios de sus trabajadores); colóquelas sólo en aquellas zonas donde razonablemente puedan cumplir con su finalidad (por ejemplo, en el acceso a las instalaciones de su empresa).
Cartel informativo. Asimismo, es necesario que informe de la colocación de las cámaras con un cartel explicativo situado en un lugar visible de las zonas videovigiladas (tanto si son espacios abiertos como cerrados). Apunte. Dicho cartel deberá informar, al menos, de la identidad de su empresa y de la posibilidad de ejercitar los derechos que la normativa de protección de datos reconoce a los interesados.
Otras obligaciones
Grabaciones. Si el sistema de videovigilancia instalado en su empresa graba las imágenes (por ejemplo, en un disco duro), además de los requisitos indicados más arriba (ubicación de las cámaras, cartel informativo...), deberá conservar la grabación de las imágenes durante un plazo máximo de un mes desde su captación. Apunte. No obstante, podrá conservarlas por más tiempo si fuera necesario para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de las personas, de los bienes o de las instalaciones.
Control de la actividad. Por otro lado, si quiere instalar la cámara para detectar incumplimientos laborales o para controlar la actividad de su plantilla, también puede hacerlo. En este caso, informe a sus trabajadores también de que las grabaciones podrán ser utilizadas para justificar un incumplimiento laboral. Apunte. Puede hacerlo, por ejemplo, mediante una notificación a los representantes de los trabajadores y con una cláusula en el contrato de sus nuevos empleados.
Aunque ya no deberá inscribir ningún fichero con datos personales, cumpla el resto de requisitos. Así, las cámaras no podrán obtener imágenes de espacios públicos y deberá informar de su colocación.
(Fuente INDICATOR - FRANCIS LEFEBVRE)
En A.L.T. ASESORES somos abogados expertos en juicios laborales, Inspecciones de Trabajo, conciliaciones, elaboración de nóminas y seguros sociales, así como en materia de prevención de riesgos laborales. Si tiene algún problema en la materia no dude en consultarnos.
Se podrá acudir a la vía judicial sin interponer un recurso de reposición
El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia de un recurso de casación donde permite declarar la inconstitucionalidad de impuestos municipales acudiendo directamente a la vía judicial y así permitir que los contribuyentes no tengan la obligación de plantear un recurso ante el Ayuntamiento competente.
Según la Ley 7/1985, de 2 de abril (que regula las Bases de Régimen Local), es obligatorio interponer el recurso de reposición o en algunos casos, la reclamación económico-administrativa (cuando la competencia se desarrolla en lugares de gran población) antes de ir por la vía judicial.
La base de este planteamiento es la Sentencia que ha acordado el Tribunal Supremo contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el que desestimaba un recurso contencioso por no haber planteado previamente la reposición en el Ayuntamiento de Cáceres. La Constitución indica que los Ayuntamientos deben actuar “con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho”. Esto impide que pueda cuestionar la validez de una ley o expulsarla del ordenamiento jurídico por ser inconstitucional.
Con esta Sentencia, se puede agilizar la declaración de inconstitucionalidad de los impuestos locales (IBI, plusvalía municipal…), pudiendo ir el contribuyente directamente por la vía judicial sin tener que plantear recurso de reposición (o según los casos, reclamación económico-administrativa).
(Fuente ECONOMIST & JURIST)
A.L.T. ASESORES es un despacho de abogados con experiencia desde 1.993 en temas tributarios y fiscales, por ello, no dude en ponerse en contacto con nosotros para resolver cualquier duda o problema con la Agencia Tributaria (AEAT), OAGER o cualquier problema de impuestos.
Trabajos realizados en el extranjero
PREGUNTA:
Nuestra empresa presta servicios de ingeniería y ha sido contratada para supervisar una obra en el extranjero. Si necesitamos desplazar a uno de nuestros trabajadores periódicamente para visitar dicha obra, ¿el afectado tendrá derecho a algún incentivo en su IRPF? ¿Qué requisitos se deben cumplir?
RESPUESTA:
Los rendimientos del trabajo percibidos por trabajos efectivamente realizados en el extranjero están exentos de tributación en el IRPF [LIRPF, art. 7.p] hasta un límite máximo de 60.100 euros anuales. Para que dicha exención sea aplicable se deben cumplir los siguientes requisitos:
Es necesario que los trabajos se realicen efectivamente en el extranjero. Es decir, que haya un desplazamiento del trabajador fuera del territorio español y que el centro de trabajo se ubique, al menos de forma temporal, fuera de España.
El trabajo debe realizarse en beneficio de una entidad no residente en España. Si esa entidad está vinculada con la sociedad española en la que el trabajador presta sus servicios, se deberá demostrar que la entidad extranjera es la verdadera destinataria del servicio y que dicho servicio le aporta valor añadido (por ejemplo, refacturando los costes incurridos por el desplazamiento, incluyendo la parte proporcional del salario del desplazado...).
También es necesario que en el país donde se realicen los trabajos exista un impuesto análogo al IRPF español, y que dicho país no sea un paraíso fiscal.
Si se cumplen los requisitos indicados, el trabajador no pagará IRPF por el sueldo correspondiente a los días en los que esté desplazado.
(Cart@ de Personal)
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El Tribunal Supremo acota, en un procedimiento de divorcio, el uso y disfrute de la vivienda familiar a la cónyuge no propietaria por plazo de tres años.
Así lo indica la Sala 1ª del Tribunal Supremo en su sentencia de 9 de mayo de 2018.
En la misma, otorga el uso de la vivienda familiar, atribuido a la cónyuge no titular, por plazo de tres años a partir del dictado de la sentencia y ello por que así tendrá tiempo suficiente para buscar una vivienda digna, en atención a sus capacidades laborales, y los hijos tendrán una edad más propicia para que la madre concilie sus intereses laborales y familiares a la hora de atender los cuidados de ellos ( sentencia 42/2017 de 23 de enero ).
Todo ello en aras de armonizar el interés del titular de la vivienda que quedaría indefinidamente frustrado con los de los hijos a comunicarse con su madre en otra vivienda, para lo que es preciso una etapa de transición.
La justificación del juzgador de instancia, para atribuir el uso de la vivienda familiar a la cónyuge no titular, a pesar de ser bien privativo del otro, había sido la : “carencia de inmuebles de su propiedad y sólo recibe 420 euros de ingresos mensuales derivados de su actividad laboral. Por el contrario, (el titular) tiene unos ingresos de 2.000 euros mensuales (aproximadamente) y reside actualmente en la vivienda de su hermana. (...) no abona ningún importe a su hermana uso de la vivienda, ni siquiera los relativos a los suministros. Con anterioridad a disponer de esta vivienda, vivía en el domicilio de sus padres, en el que los hijos menores disponían de una habitación cada uno para los días que tenían que pernoctar junto con el progenitor paterno.”
Asimismo, concluye la sentencia de apelación que “la madre demandada no puede procurarse un alojamiento para residir junto a los hijos en los periodos en que le corresponda cuidar y atender a los menores, por más que el padre haya de afrontar también el pago de los gastos derivados de la hipoteca del inmueble de su propiedad.”
Indica el TS que “la sala ha considerado procedente la atribución temporal de la vivienda, que fue familiar, al progenitor no titular, que sería el caso, en supuestos de custodia compartida.”
Entre otras, se menta la sentencia 522/2016, de 21 de julio, indicando que “sigue el mismo criterio para un caso en el que la vivienda era privativa del esposo y en el que la sentencia recurrida, atendiendo a la mala situación económica de la madre, atribuyó a la esposa el uso de la vivienda hasta que la hija alcanzase la mayoría de edad: se fija un plazo de dos años desde la sentencia de casación lo que, en la práctica, dio lugar a que, en el caso resuelto por la sentencia citada, contando el tiempo en que había venido disfrutando del uso de la vivienda en virtud de las medidas provisionales, la esposa dispusiera de un período de seis años para restablecer su situación económica.”
(Fuente IBER LEY Colex)
En A.L.T. ASESORES somos, desde 1.993, además del Servicio Jurídico de la Cámara de la Propiedad Urbana de la provincia de Salamanca, abogados expertos en pleitos civiles, hipotecarios, arrendamientos, sucesiones, procesos concursales, comunidades de vecinos, en materia de preferentes, cláusulas suelo y negociación de condiciones bancarias, no dude en ponerse en contacto con nosotros para consultarnos la solución a su problema.
Protección de datos: listos ... ya!!!
CONCEPCIÓN OBISPO TRIANA
1. Modelo basado en el principio de responsabilidad activa (accountability).
Qué significa: la empresa debe estar en condiciones de demostrar que cumple con las previsiones normativas en materia de protección de datos. En términos coloquiales, el legislador ha considerado que las empresas "se han hecho mayores" y deben actuar correctamente sin "una figura paterna (la Agencia de Protección de datos u organismo autonómico) que vele por que cumplan". Para esto se articulan, entre otras, medidas como las siguientes:
La protección de datos desde el diseño (Pryvacy by Design) y por defecto (Pryvacy by default)
Medidas de seguridad tales como la seudonimización o el cifrado de datos
Establecer un proceso de verificación, evaluación y valoración de la eficacia de las medidas adoptadas.
2. Datos policiales y judiciales: excluidos del ámbito de aplicación del RGPD.
3. Datos sobre personas fallecidas: no están protegidos por el RGPD.
Por qué: porque el derecho a la intimidad sólo es un derecho que tienen las personas vivas. No obstante, los muertos si tienen derecho al honor.
4. A qué empresas se aplica la nueva normativa:
Establecidas en la UE
No establecidas en la UE, pero tratan datos de ciudadanos europeos.
5. Una empresa puede tratar los datos personales de las personas físicas:
Porque el interesado ha prestado su consentimiento de modo expreso.
Porque existe una relación contractual entre el interesado y la empresa. Ej: Relación laboral -> Datos del número de cuenta para cobrar la nómina.
Porque existe un interés legítimo prevalente de la empresa. Ej: Publicación en las guías telefónicas el número de los abonados cuando el servicio se comenzó a prestar en un régimen de libre competencia.
Por una necesidad vital del interesado. Ej: Persona que tiene un accidente en el trabajo y le extraen sangre para saber qué tratamiento aplicar.
Por una obligación legal para la empresa.
Por un interés público o se derive del ejercicio de poderes públicos.
6. Los derechos de los interesados: ARCO-POL
Acceso a los datos
Rectificación de los datos
Cancelación de los datos
Oposición al tratamiento de los datos
Portabilidad de los datos.
Derecho al olvido.
Limitación del tratamiento de los datos.
7. Obligación de mantenimiento de un registro de actividades de tratamiento.
Empresas de más de 250 trabajadores.
Empresas de menos de 250 trabajadores en las que:
El tratamiento que realice pueda entrañar un riesgo para los derechos y libertades de los interesados y realicen tratamientos con datos que no sea de forma ocasional;
Si el tratamiento que se realiza incluye categorías especiales de datos personales.
Si el tratamiento incluye datos personales relativos a condenas e infracciones penales.
Desaparece la obligación de notificar y registrar los ficheros de datos personales ante la AEPD.
8. Realización de Evaluaciones de Impacto sobre la protección de datos (EIPD o PIAS).
La empresa debe analizar los riesgos a las que está expuesta, evaluarlos y adaptar las medidas oportunas para eliminar o controlar esos riesgos.
9. Nombramiento por la empresa de un Delegado de protección de datos (DPD o DPO)
Será obligatorio su nombramiento:
En entidades públicas. Excepto juzgados y tribunales que actúen en ejercicio de su función judicial.
Entidades privadas que realizan tratamientos de datos «especiales» a gran escala.
10. Las violaciones o quiebras de seguridad deben notificarse
A la AEPD u organismo autonómico: sin dilación indebida y a más tardar en 72 horas desde que se haya tenido constancia de la violación o la quiebra.
Al interesado: cuando sea probable que la violación entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas.
(Fuente DEPARTAMENTO DE CONTENIDOS THOMSON REUTERS)
ADVOCATI ASESORES es un despacho abogados multidisciplinar fundado en 1993 cuyo objetivo es el asesoramiento de empresas y particulares, incluyendo la defensa judicial en todo tipo de materias. Si tiene algún problema legal no dude en consultarnos.