Las aseguradoras ofrecen indemnizaciones a la baja en la mayoría de los casos por accidente16/01/2018

Las aseguradoras ofrecen indemnizaciones a la baja en la mayoría de los casos por accidente

Reclamar una indemnización a una compañía de seguros en caso de accidente de tráfico no siempre resulta sencillo, pues las aseguradoras acostumbran a ofrecer cantidades insuficientes por las lesiones sufridas y, además, aplican procesos de análisis de cada caso muy minuciosos para evitar situaciones de fraude. En este sentido, en el supuesto de haber sido víctima de un accidente de tráfico, la reclamación tendrá que estar basada en dos elementos clave: la culpabilidad y la gravedad de las lesiones.

Por un lado, la culpabilidad o no del asegurado en el accidente será el factor que decidirá si hay caso o no, es decir, si puede reclamar una indemnización o no. Para ello será necesario contar con el parte de la autoridad competente, o bien con un parte amistoso correctamente cumplimentado y firmado por las partes. También tendrán importancia los testimonios de eventuales testigos, así como las fotografías que se puedan haber tomado en el momento y lugar del accidente. Por otra parte, el informe de urgencias será una prueba de mucho peso a la hora de llevar a cabo la reclamación de indemnización por lesiones.

"Suele ser habitual que las aseguradoras ofrezcan indemnizaciones insuficientes a las personas que han sido víctimas de algún accidente de tráfico aprovechándose de su falta de conocimientos sobre la materia y sobre los baremos de compensación económica entre los que se mueven estas compañías dependiendo de las lesiones sufridas. Por eso es importante contar con el correspondiente asesoramiento legal a la hora de realizar la reclamación", indica Fernando Sanahuja, abogado y socio de Sanahuja Miranda.

¿Cuáles son los pasos a seguir para recibir una indemnización?

Reclamar a la compañía aseguradora del vehículo causante y hacerle entrega de los correspondientes informes médicos de los que se disponga.

Recibir la visita de los servicios médicos de la aseguradora a la que se le está reclamando la indemnización. Este paso será obligatorio.

Una vez el asegurado haya sido sometido a las correspondientes pruebas médicas, la aseguradora le hará llegar una oferta desglosada basada en el informe médico realizado por la compañía.

En el caso de que no se estuviera conforme con la propuesta de indemnización recibida, el asegurado podría acudir al Instituto de Medicina Legal, donde de forma imparcial se analizarán las lesiones y se emitirá un informe que pagará la aseguradora. Si el documento diera más importancia a las lesiones, se debería renegociar una nueva indemnización al alza. En el caso de no estar conformes con el informe del Instituto de Medicina Legal, el reclamante podría solicitar los servicios de un perito para fundamentar su estrategia legal por la vía judicial.

Eso sí, el reclamante tendrá que saber en todo momento que un intento de fraude a la compañía de seguros puede llegar a acarrear penas de prisión. De hecho, el de automóviles es el segmento en el que son más habituales los intentos de fraude por la simulación de robo de vehículos (4 de cada 100 casos) o por tratar de agravar los daños o lesiones corporales producidas en un accidente (6 de cada 100).

(Fuente LEGAL TODAY)

En A.L.T. ASESORES somos, desde 1.993, además del Servicio Jurídico de la Cámara de la Propiedad Urbana de la provincia de Salamanca, abogados expertos en pleitos civiles, hipotecarios, ​arrendamientos, sucesiones, procesos concursales, ​comunidades de vecinos, ​en materia de preferentes, cláusulas suelo y negociación de condiciones bancarias, no dude en ponerse en contacto con nosotros para consultarnos la solución a su problema​.​​​​​

 


Jubilación parcial y asimilados15/01/2018

Jubilación parcial y asimilados

Usted es el administrador de una sociedad de la que no posee el control efectivo, por lo que cotiza en el Régimen General como asimilado. Si quiere acceder a la jubilación parcial anticipada, ¿tiene derecho a hacerlo?

Dos modalidades

Modalidades. Según la edad que tengan, los trabajadores pueden acceder a dos tipos de jubilación parcial. En ambos casos se compatibiliza un empleo a tiempo parcial con el cobro de la pensión, en proporción inversa al porcentaje de jornada trabajado.Apunte.  Dichas modalidades de jubilación parcial son las siguientes:

Diferida. Si ya tienen la edad legal de jubilación (65 años y 6 meses en 2018, o bien 65 años si han cotizado 36 años y 6 meses), pueden acceder a la jubilación parcial si reducen su jornada entre un 25% y un 50% (con relación a una jornada completa).

Anticipada. Si en 2018 tienen 61 años y 6 meses y han cotizado 34 años y 6 meses, o bien tienen 62 años y han cotizado 33 años, pueden acceder a la jubilación parcial de forma anticipada. ¡Atención!  Eso sí, en este caso la empresa debe firmar un contrato de relevo con otro trabajador para cubrir la parte de jornada que deja de trabajar el jubilado.

Administrador. Como usted tiene la edad necesaria para acceder a la jubilación parcial anticipada pero cotiza en el Régimen General como asimilado, se pregunta si también puede acogerse a dicha modalidad de jubilación...

La ley no le excluye

Control efectivo. En concreto, usted cotiza en el Régimen General como asimilado porque es el administrador de una sociedad de la que es socio, pero sin tener el control efectivo de ella (o bien no es socio). Apunte.  Es decir, aunque ejerce funciones de dirección y gerencia en la empresa, tiene menos del 25% del capital social.

Protección. Pues bien, cotizar en el Régimen General como asimilado implica que queda excluido de protección por desempleo y FOGASA. Apunte.  Ahora bien, la ley no le excluye de otras prestaciones. Por tanto, podrá jubilarse de forma parcial anticipada si se cumplen el resto de requisitos.

Requisitos adicionales

Antigüedad. Aparte de reunir las edades y períodos de cotización indicados, deberá tener una antigüedad en la empresa de al menos seis años inmediatamente anteriores a la jubilación parcial (en el Régimen General ordinario o en el asimilado). Apunte.  Se computa la antigüedad en una empresa anterior si se ha visto afectado por una sucesión. También computa la antigüedad acreditada en otras empresas del grupo.

Contrato de relevo. La empresa, por su parte, deberá firmar un contrato de relevo con un desempleado –o con un empleado temporal de la empresa– para cubrir la parte de jornada que usted dejará de trabajar (que deberá ser de entre un 25% y un 50%; o de un 75% si se contrata al relevista a jornada completa y con contrato indefinido). Apunte.  No es necesario que el relevista ocupe el mismo puesto, aunque sí será necesario que haya una correspondencia en las bases de cotización:

La base de cotización del relevista deberá ser de al menos el 65% del promedio de las bases de los últimos seis meses tenidos en cuenta para calcular la pensión de jubilación parcial.

La empresa deberá cotizar en 2018 por usted (el jubilado parcial) al menos un 75% de la base que le correspondería estando a jornada completa (porcentaje que aumenta cada año hasta llegar al 100% en 2023).

La ley sólo le excluye de la protección por desempleo y FOGASA. Por tanto, si cumple con todos los requisitos exigidos, podrá acceder a la jubilación parcial anticipada como cualquier otro trabajador.

(Fuente INDICATOR)

ADVOCATI ASESORES es un despacho abogados multidisciplinar fundado en 1993 cuyo objetivo es el asesoramiento de empresas y particulares, incluyendo la defensa judicial en todo tipo de materias. Si tiene algún problema legal no dude en consultarnos.​​​


CUANTÍAS DE PENSIONES Y SMI 2.01815/01/2018

CUANTÍAS DE PENSIONES Y SMI 2.018

Pensión máxima para 2018

Aumento del 0,25%. Para el año 2018 las pensiones abonadas por la Seguridad Social se han incrementado un 0,25%. Así pues:

La pensión máxima ha quedado fijada en la cuantía de 2.580,13 euros al mes (36.121,82 euros al año).

La pensión mínima depende de cada clase de pensión, siendo para la jubilación de entre 7.914,20 y 16.567,60 euros al año según las características personales que concurran en el pensionista (edad y situación familiar).

SMI para 2018

Aumento del 4%. El SMI (Salario Mínimo Interprofesional) ha subido un 4% en 2018 y ha quedado fijado en la cuantía de 735,90 euros al mes (24,53 al día y 10.302,60 al año). En 2017 el SMI era de 707,70 euros al mes (23,59 al día y 9.907,80 al año). Apunte. En la práctica, la subida del SMI le afecta del siguiente modo:

Si sus trabajadores ya cobran salarios superiores, no deberá hacer nada.

Si abona salarios en especie, sus empleados deben cobrar en dinero, al menos, la cuantía indicada del SMI (735,90 euros al mes).

Si tiene empleados a los que está aplicando un embargo salarial, el aumento del SMI implica que deberá modificar el embargo a partir de la nómina de enero (recuerde que los tramos de inembargabilidad se calculan según el SMI vigente en cada momento).

(Fuente Indicator)

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Desde el 1 de enero del 2018, nuevas medidas fiscales15/01/2018

Desde el 1 de enero del 2018, nuevas medidas fiscales

Samuel de Huerta Hernández

Director de Sepín Fiscal. Abogado

La lucha contra el fraude fiscal, la agilización de las relaciones jurídico–tributarias, la implementación de la notificación electrónica, la reducción de la litigiosidad, la modernización de la Administración tributaria, la actualización de los valores catastrales o la renovación de los procedimientos tributarios son algunos de los fines perseguidos con la aprobación de un nuevo paquete de modificaciones fiscales con aplicación desde el 1 de enero del 2018.

En resumen, estas son las principales NORMAS y NOVEDADES:

Modificaciones establecidas en el RD 1070/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Real Decreto 1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente.

Nueva obligación de comunicación de los sucesores en el momento de baja en el censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores

Será obligatorio comunicar los sucesores en la declaración de baja del Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, en caso de fallecimiento de personas físicas o extinción de entidades.

Se permite la utilización del Documento Único Electrónico para presentar las declaraciones de modificación y baja en dicho censo.

Nueva obligación de información para intermediarios en arrendamientos turísticos

En el arrendamiento de apartamentos turísticos, en especial los realizados a través de plataformas colaborativas, crea una nueva obligación de información específica para las personas o entidades que intermedian en el arrendamiento o cesión de uso de viviendas con fines turísticos, debiendo estos intermediarios a identificar a los cesionarios y cedentes, la vivienda cedida y el importe por el que se ha cedido.

Desarrollo del sistema de Suministro Inmediato de Información en el IVA (SII)

Se traslado al Reglamento de Aplicación de los Tributos de las previsiones legales sobre llevanza de los Libros Registro del IVA por medios telemáticos.

Fomento en la utilización de medios electrónicos en las relaciones de la Administración tributaria con los contribuyentes, para favorecer la agilización de dichas relaciones

Se establece la obligación de presentar las consultas tributarias por medios electrónicos para los sujetos que deban relacionarse con la Administración por estos medios.

Se adaptan los preceptos reglamentarios a la utilización de medios electrónicos en la emisión y notificación de comunicaciones, diligencias y actas.

Adaptación del procedimiento de inspección tributaria, de los plazos de prescripción, la consideración de interrupciones injustificadas y las dilaciones no imputables a la Administración, los supuestos de suspensión o extensión del plazo, así como su adecuada documentación para conocimiento por el obligado tributario

Adapta el Reglamento de Aplicación de los Tributos a las modificaciones introducidas por la Ley 34/2015 en el procedimiento inspector, en concreto la nueva regulación de la tramitación administrativa del delito contra la Hacienda Pública, el plazo legal del procedimiento inspector o la posibilidad de sancionar determinados supuestos de planificación fiscal agresiva, mediante la publicación de los criterios administrativos contenidos en los informes en los que la Comisión Consultiva aprecie la existencia de conflicto en la aplicación de la normativa tributaria.

Reconocimiento a las asociaciones profesionales de asesoría fiscal como sujetos colaboradores en la aplicación de los tributos

Incluye el reconocimiento de las asociaciones profesionales de la asesoría fiscal como sujetos colaboradores en la aplicación de los tributos,

Otras modificaciones

Desaparece la obligación de que las actas de inspección deban extenderse en un modelo específico.

 

Modificaciones establecidas en el RD 1071/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio

Nueva regulación de las subastas administrativas a través del Portal de Subastas del BOE

Se modifica el procedimiento de subasta establecido en el Reglamento General de Recaudación para que se realice a través del Portal de Subastas del BOE.

El desarrollo de la subasta no será presencial y se realizará a través de medios electrónicos.

Actualiza el régimen en la forma de ingresos y pagos en el Tesoro Público

Se actualiza la regulación de las formas de pago, para incluir tanto las presenciales como no presenciales realizadas por Internet, por domiciliación bancaria o por medios telefónicos, así como los plazos en los que las entidades colaboradoras deben efectuar los ingresos en el Tesoro Público.

Modifica el régimen de aplazamiento o fraccionamiento de las deudas tributarias

Unido a la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento establece la obligación de declarar y aportar documentos que acrediten que las deudas tributarias no tienen la consideración de créditos contra la masa.

Ante la concurrencia de una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento con una solicitud de suspensión en sede de un procedimiento de revisión concede preferencia a la segunda solicitud.

Establece la inadmisión de una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento si hay suspensión de la tramitación del delito fiscal en sede administrativa. Se determina la forma de cálculo del importe de la garantía en el caso de los aplazamientos o fraccionamientos solicitados en periodo ejecutivo incluyendo los recargos del periodo ejecutivo.

Adaptación del régimen de embargo

 El embargo de depósitos y cuentas en las entidades de crédito se hace extensivo a todos los bienes y derechos existentes en la entidad bancaria y no sólo a los obrantes en la oficina a la que se dirige el embargo.

Habilita expresamente a que las diligencias de embargo de créditos a corto plazo y de sueldos y salarios puedan presentarse telemáticamente.

Prohíbe la disposición de determinados bienes inmuebles por parte de las sociedades cuando se hubiera embargado determinadas acciones o participaciones de las mismas y establece un mecanismo de inscripción registral de dicha prohibición como una anotación preventiva en el Registro de la Propiedad.

Otras modificaciones

En la regularización en la que estén implicadas obligaciones tributarias conexas pueden resultar cantidades a ingresar y a devolver se prevé la compensación de oficio de las cantidades.

En la ejecución de garantías no puede aplicarse el requisito de firmeza de la liquidación que sí se aplica a la ejecución de los bienes embargados, por cuanto no son supuestos análogos.

Fija un plazo de resolución del procedimiento de tercería de dominio en 6 meses.

 

Modificaciones establecidas en el RD 1072/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento general del régimen sancionador tributario, aprobado por el Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre.

Desarrollo de las sanciones asociadas al sistema de Suministro Inmediato de Información en el IVA (SII)

 Se establecen las reglas sancionadoras a aplicar por omisión, retraso en la llevanza de los Libros Registro de facturas expedidas y recibidas, o por retraso en la llevanza de Libros Registro de bienes de inversión y de determinadas operaciones intracomunitarias.

Otras modificaciones

En los supuestos de tramitación conjunta del procedimiento sancionador y del procedimiento de aplicación de los tributos será preciso notificar de forma separada el inicio del procedimiento sancionador para que posteriormente ambos procedimientos se tramiten de forma conjunta.

Adapta el régimen del procedimiento sancionador a la nueva regulación legal de la tramitación del delito fiscal en sede administrativa.

 

Modificaciones establecidas en el RD 1073/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo.

Actualiza los efectos y formas de la solicitud de suspensión en los procedimientos de revisión tributaria

Se establece la suspensión de los procedimientos de revisión por la tramitación de un procedimiento amistoso previsto en los convenios y tratados internacionales.

La suspensión en los procedimientos de revisión no afectará a las actuaciones de recaudación que se hubieran producido hasta el momento en el que se acuerde la suspensión de la ejecución por la impugnación del responsable.

En los supuestos de obligaciones conexas la garantía aportada para suspender dicha liquidación quedará afecta al reintegro de la correspondiente devolución conexa.

Las garantías aportadas junto con la solicitud de suspensión deberán cubrir los recargos que procederían en caso de ejecución de la garantía del crédito público.

Procedimiento económico-administrativo

Establece reglas concretas para el establecimiento de las cuantías en las reclamaciones económico-administrativas, de notificaciones en la vía económico–administrativa y los criterios de cuantificación de la condena en costas. Suprime el trámite previsto para la cuestión de competencia cuando interviene el Tribunal Económico-administrativo Central.

En el recurso de anulación se especifica que los plazos para la interposición del recurso de alzada ordinario, incluso en caso de silencio administrativo.

Se precisa que en los casos en los que con ocasión de la interposición de un recurso de alzada por la Administración se haya solicitado la suspensión no va a proceder la reducción proporcional de la garantía aportada en la anterior instancia.

 

Modificaciones establecidas en el RD 1074/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, y el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado por el Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Incremento del límite exento de las becas públicas y las concedidas por entidades beneficiarias de mecenazgo para cursar estudios, con la finalidad de incrementar la renta disponible de sus perceptores a 6.000 euros anuales y hasta los 18.000 euros anuales si la beca tiene por objeto compensar gastos de transporte y alojamiento para la realización de estudios reglados del sistema educativo, hasta el nivel de máster incluido o equivalente o hasta 21.000 euros anuales cuando, además, se trate de estudios en el extranjero. La dotación exenta de las becas para la realización de estudios de doctorado se eleva hasta los 21.000 si se cursan en España o a los 24.600 si se efectúan en el extranjero.

Dentro de los gastos de estudio para la capacitación o reciclaje del personal que no constituyen retribución en especie, se encuentran también aquellos financiados por otras empresas o entidades distintas del empleador, siempre que dichas empresas o entidades comercialicen productos para los que resulte necesario disponer de una adecuada formación por parte del trabajador.

Incrementa a 11 euros la cuantía diaria exenta los vales-comida o documentos similares, tarjetas o cualquier otro medio electrónico de pago que se entregan al trabajador para atender dicha necesidad.

Modifica la aplicación del mínimo por descendientes, extendiéndola a quienes tengan atribuida por resolución judicial la guarda y custodia de los menores, lo que incluye a un tercero no progenitor.

Facilita la subsanación voluntaria de errores cometidos al presentar una autoliquidación mediante la presentación del propio modelo de declaración sin necesidad de un procedimiento de rectificación de autoliquidaciones.

Nuevo supuesto de retención o ingreso a cuenta en caso de transmisión de derechos de suscripción preferente del 19 por ciento sobre el importe obtenido en la operación

Impuesto sobre Sociedades

Modifica la regulación de la declaración informativa denominada “información país por país” en cuanto a las entidades que han de presentar la declaración.

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

 En la adquisición de bienes inmuebles se requerirá en la declaración del impuesto la inclusión de la referencia catastral de los inmuebles transmitidos.

Los no residentes podrán acreditar el cumplimiento de las obligaciones relativas al Impuesto mediante certificación expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

 

Modificaciones establecidas en el RD 1075/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, el Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, el Reglamento del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, aprobado por el Real Decreto 1042/2013, de 27 de diciembre, el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, el Real Decreto 3485/2000, de 29 de diciembre, sobre franquicias y exenciones en régimen diplomático, consular y de organismos internacionales y de modificación del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, y el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.

Impuesto sobre el Valor Añadido

Posibilita la autorización, en determinados supuestos, por la Administración Tributaria para que la información remitida por el sistema de Suministro Inmediato de Información (SII) no incluya todas las menciones o toda la información referida en los libros registros del Impuesto; o que se realicen asientos resúmenes de facturas en condiciones distintas de las fijadas con carácter general y permite que, aquellos sujetos pasivos que opten voluntariamente por aplicar el SII, puedan mantener su período de liquidación trimestral.

Modifica el régimen de diferimiento en las importaciones para incluir a los obligados tributarios que tributan exclusivamente ante una Administración tributaria foral.

En relación con el procedimiento de devolución del IVA a viajeros, se establece su obligatoriedad a partir del 1 de enero de 2019.

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

Introduce un procedimiento de autoliquidación para los supuestos de adquisiciones de un gran número de bienes muebles a particulares por empresarios o profesionales de manera continuada en el tiempo.

Impuestos Especiales

Establece la obligación de llevanza a través de la Sede electrónica de la AEAT de los libros de contabilidad.

Introduce un nuevo sistema de precintas para las bebidas derivadas que incorpora un código de seguridad capaz de verificar inmediatamente su autenticidad.

Franquicias y exenciones en régimen diplomático, consular y de organismos internacionales

Reconoce como exentos los servicios de seguridad, limpieza, consultoría y traducción.

 

Modificaciones establecidas en el RD-Ley 20/2017, de 29 de diciembre, por el que se prorrogan y aprueban diversas medidas tributarias y otras medidas urgentes en materia social

Actualización de los valores catastrales para 2018

Actualiza los valores catastrales a los efectos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, sin que necesariamente suponga una elevación del impuesto

Régimen de módulos en el IRPF

 Mantiene para 2018 los límites que delimitan el método de estimación objetiva en el IRPF y en el Régimen Especial Simplificado y el Régimen Especial de la Agricultura, Ganadería y Pesca en el IVA, al igual que en los ejercicios 2016 y 2017.

Prorroga los límites del volumen de rendimientos íntegros en 250.000 euros; los ingresos procedentes de facturas emitidas a otros empresarios, profesionales o personas jurídicas, en 125.000 euros; y el volumen de compras, en 250.000 euros.

(Fuente SEPIN)

A.L.T. ASESORES es un despacho de abogados con experiencia desde 1.993 en temas tributarios y fiscales, por ello, no dude en ponerse en contacto con nosotros para resolver cualquier duda o problema con la  Agencia Tributaria (AEAT), OAGER o cualquier problema de impuestos.​​​​​​


Los criterios ecológicos estarán presentes en la contratación pública15/01/2018

Los criterios ecológicos estarán presentes en la contratación pública

Los criterios ecológicos estarán presentes en la contratación pública. Al menos ese es el objetivo que se ha marcado el Gobierno por medio de la aprobación de un Real Decreto mediante el que se crea la Comisión Interministerial para la incorporación de dichos criterios en los contratos con la Administración.

La Comisión se constituirá como órgano colegiado adscrito al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Su principal función será la de velar para que la contratación pública ecológica (CPE) "sea una herramienta eficaz para el logro de las políticas medioambientales relacionadas con el cambio climático, la utilización de los recursos y la producción y el consumo sostenibles, para lo que se requiere una cooperación eficaz entre los distintos departamentos de la Administración General del Estado, ya que las responsabilidades en materia de contratación se encuentran divididas entre todos ellos". El Gobierno, que aprobó el Real Decreto en su reunión del pasado viernes, también informó de que "tendrá una especial consideración los aspectos relativos a la huella de carbono en la línea de reducir los impactos medioambientales de la actividad de la organización".

Ley de Contratos del Sector Público

La norma verá la luz apenas dos meses después de que el BOE publicase la tan esperada Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). Se trata de una reforma legislativa de gran importancia por razón de la materia, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Al hilo con este marco normativo, el Ejecutivo afirma que la Administración General del Estado "lleva trabajando varios años, incorporando en las distintas fases de la contratación elementos de eficiencia energética o de utilización adecuada de los residuos y reducción de su generación".

 La ‘Agenda 2030' como desafío del futuro inmediato

Todo ello se enmarca dentro de una estrategia internacional que tiene como objetivo fundamental crecer de forma sostenible y dentro de la cual destaca la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en el que se reconoce que éste es uno de los mayores desafíos del futuro inmediato. Al adoptarla, los Estados se comprometieron a movilizar los medios necesarios para su puesta en práctica, mediante una responsabilidad común y universal. Cada Estado fijará sus propias metas nacionales, apegándose a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Dentro del ámbito de la Unión Europea, hay que tener en cuenta su vinculación directa con la Estrategia Española de Economía Circular, que actualmente se está elaborando, y que, entre otras cuestiones, incorpora la Contratación Pública Ecológica como elemento fundamental.

(Fuente LEGAL TODAY)

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