Si su empresa contrata de forma indefinida (incluso como fijos discontinuos) a trabajadores jóvenes, puede aplicarse una bonificación a la Seguridad Social. En concreto:
La cuantía del incentivo es de 300 euros al mes, y se aplica durante seis meses. Apunte.Si el contrato se firma a tiempo parcial, la bonificación es de 150 euros si la jornada contratada es de al menos el 50%, y de 225 euros si la jornada es a partir del 75%.
Los trabajadores contratados deben estar inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Para ello, entre otros requisitos, deben ser mayores de 16 años y menores de 25 (o menores de 30 si tienen una discapacidad igual o superior al 33%).
Pues bien, está previsto que en los próximos días se amplíe la edad máxima de inscripción al Sistema Nacional de Garantía Juvenil de los 25 a los 29 años. Ello implica que su empresa también podrá aplicarse la bonificación si contrata a jóvenes de hasta 29 años inscritos en el fichero.
(Fuente Indicator)
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TSJ Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 5.ª, 10-3-2015
El Tribunal considera que no procede negar la deducción de los gastos de suministros (agua, luz, gas, teléfono, etc.) en proporción a la afectación de la vivienda a la actividad. Esta negativa justificada en el requisito de la vinculación en exclusiva del inmueble a la actividad, no contemplado por la normativa del IRPF, no es legal.
En consecuencia, a la deducción de los gastos proporcionales derivados de la titularidad de la vivienda (amortización, IBI, tasa de basuras, cuota de la comunidad de propietarios, etc.) podrán añadirse parte de los suministros.
(Fuente SEPIN)
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Los trabajadores afectados por concursos de acreedores disminuyeron un 39,6% en 2014, con una caída más intensa entre los asalariados del sector industrial (-57,5%), seguidos de los de servicios (-30,5%) y la agricultura y pesca (-15,7%).
Así lo refleja el Anuario Concursal 2014 del Colegio de Registradores, en la que se define el perfil tipo de sociedad declarada en concurso de acreedores como una empresa de ocho empleados, con un pasivo de seis millones de euros y una edad media de entre cinco y 15 años.
No obstante, han aumentado del 8,7% al 9,3% las empresas que entran en concurso con menos de cinco años, según el informe, que precisa que el 48,9% de los concursos se concentra en el sector servicios.
Por otro lado, el 77,8% de las empresas en concurso de acreedores en 2014 no podría atender todas sus deudas en ningún caso o tardaría más de 25 años en hacerlo.
Otros datos indicativos de las dificultades financieras de las concursadas son que el 70,1% obtuvo resultados de explotación negativos y que solamente un 9,4% --el 9,75% en 2013-- denotó condiciones financieras suficientes como para alcanzar un convenio dentro de los límites marcados por la Ley Concursal.
(Fuente Europa Press)
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TS, Sala Primera, de lo Civil, 19-5-2015
La respuesta a esta interesante cuestión la ofrece el Tribunal Supremo que, tras un pormenorizado análisis de la jurisprudencia, concluye que no se ha acreditado una alteración económica sobrevenida que impida o dificulte extraordinariamente el cumplimiento del contrato.
En el caso enjuiciado, frente a la reclamación del pago del precio de la compraventa, la compradora alegaba la imposibilidad material sobrevenida del cumplimiento de su obligación debido a una causa totalmente impredecible e inevitable, como era el fallecimiento de su esposo, única fuente de ingresos familiares.
Argumenta el Alto Tribunal que el deudor pecuniario viene obligado a cumplir la prestación principal, sin que sus sobrevenidas adversidades económicas le liberen de ello, pues lo adeudado no es algo individualizado que ha perecido, sino genérico, como es el dinero.?
(Fuente SEPIN)
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El Gobierno no ha revalidado este año un Decreto de 2008 que se ha ido prorrogando y que salvaguardaba el patrimonio de los administradores de empresas en dificultades en los años de la crisis.
Los administradores que no adopten medidas inmediatas ante un deterioro de las cuentas de la empresa deberán responder con su patrimonio. Así lo establece una decisión del Gobierno, que ha optado por no prorrogar un Decreto que salvaguardaba el patrimonio de los administradores de empresas en dificultades en los años de la crisis.
El Real Decreto-Ley 10/2008, de 12 de diciembre, que adoptó medidas financieras para la mejora de la liquidez de las pequeñas y medianas empresas y otras medidas económicas complementarias, introdujo un régimen extraordinario, y temporalmente limitado, de excepción a las obligaciones en un máximo de dos meses desde que el administrador conozca de la quiebra de reducción obligatoria de capital por pérdidas y de disolución por pérdidas graves. Este régimen se ha prorrogado cada año desde entonces, pero el Ejecutivo ha decidido no mantenerlo en 2015.
(Fuente Economist&Jurist)
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